En Canarias, las crisis no son episodios aislados: se han convertido en un mecanismo recurrente de reconfiguración económica y social. Bajo el pretexto de la urgencia, se aplican políticas que, en condiciones normales, encontrarían una fuerte resistencia social. Este patrón responde a lo que se conoce como “doctrina del shock”: aprovechar momentos de desestabilización —económica, sanitaria o social— para imponer medidas regresivas que consolidan un modelo basado en la precariedad o lo que es lo mismo, el capitalismo salvaje aprovecha las crisis para imponer recortes y reformas que debilitan los derechos sociales y laborales. Esa estrategia, diseñada hace más de medio siglo, sigue actuando en plena actualidad.
En 2026, lejos de haberse superado, esta lógica sigue plenamente vigente en el archipiélago.
Crisis encadenadas, mismos resultados
Desde la crisis financiera de 2008, pasando por la pandemia y la posterior escalada inflacionaria, Canarias ha vivido una sucesión de impactos que han golpeado con especial dureza a la clase trabajadora. Sin embargo, el balance es inequívoco: mientras los grandes grupos empresariales han reforzado su posición, las condiciones laborales se han deteriorado.
La recuperación económica que se anuncia desde las instituciones no se traduce en mejoras reales para la mayoría social. El empleo que se crea sigue marcado por la temporalidad, los bajos salarios y la inestabilidad. Sectores estratégicos como la hostelería, motor económico de las islas, continúan sustentándose sobre plantillas precarizadas que soportan ritmos de trabajo intensificados y derechos debilitados.
El turismo como eje de vulnerabilidad
El modelo económico canario, excesivamente dependiente del turismo, amplifica los efectos de cada crisis. Cuando el sector cae, el empleo se desploma. Cuando se recupera, lo hace sin redistribuir la riqueza generada.
En este contexto, las empresas han utilizado cada episodio de crisis como una oportunidad para reestructurar plantillas, externalizar servicios y flexibilizar condiciones laborales. La consecuencia directa es una transferencia sistemática de riesgos hacia los trabajadores, que asumen la inestabilidad mientras los beneficios se concentran.
Normalización de la precariedad
Uno de los efectos más preocupantes de esta dinámica es la normalización de condiciones laborales que hace apenas unos años serían consideradas inaceptables. Jornadas parciales encubiertas, salarios que no permiten llegar a fin de mes y una creciente dificultad para ejercer derechos básicos forman parte del día a día de miles de trabajadores y trabajadoras en Canarias.
Esta degradación no es casual: responde a decisiones políticas concretas. Reformas laborales, falta de inspección efectiva y una débil protección social configuran un escenario en el que la precariedad no solo se tolera, sino que se institucionaliza.
El papel de las instituciones
Las administraciones públicas han actuado, en demasiadas ocasiones, como facilitadoras de este proceso. Bajo el argumento de “salvar la economía”, se han aprobado ayudas, subvenciones y beneficios fiscales sin exigir contrapartidas claras en materia de empleo y condiciones laborales.
El resultado es un modelo en el que lo público asume los costes de las crisis, mientras lo privado capitaliza la recuperación. Esta asimetría erosiona la cohesión social y profundiza las desigualdades.
Organización y respuesta colectiva
Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser individual. La historia del movimiento obrero demuestra que los derechos no se conceden: se conquistan. En un contexto de ofensiva continuada contra las condiciones laborales, la organización sindical y la movilización colectiva se sitúan como herramientas imprescindibles.
Es necesario reforzar la presencia en los centros de trabajo, disputar la negociación colectiva y exigir un cambio de modelo que priorice la estabilidad, los salarios dignos y la redistribución de la riqueza.
Conclusión
La doctrina del shock no es una teoría abstracta: en Canarias se traduce en vidas precarizadas y derechos recortados. Cada crisis ha servido para consolidar un modelo que descarga sus costes sobre la clase trabajadora.
Romper esta dinámica exige voluntad política, pero también presión social organizada. Sin conflicto, no habrá cambios. Sin organización, la precariedad seguirá siendo la norma.
Vicente Miguel de la Iglesia Lacalle
Secretaria de Comunicación y RR.SS. del Frente Sindical Obrero de Canarias FSOC
